Ley de causa y efecto, tras salida de CICIG

Editorial Ojo Crítico

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, finalizó sus labores de investigación el pasado 04 de septiembre. Durante doce años de gestión logró desmantelar diferentes organizaciones criminales en el país, entre esa lista negra se destaca el nombre del actual Presidente de la República, Jimmy Morales; motivo de la decisiva salida del ente regulador en el país.

Estamos a un mes de la etapa post-CICIG, como país soberano luchando contra la corrupción, quienes deseaban su salida era la mejor opción para evitar la injerencia extranjera. En espera de resultados en los órganos de justicia locales, somos testigos de que CICIG sigue causando frustración en los implicados en sus casos, lo que motivó a la creación de una Comisión Anticicig por parte del parlamento guatemalteco el 24 de septiembre pasado.

El debate entre los 82 diputados a favor de la comisión, quiénes por sus intereses tomaron la decisión de investigar posibles actos anómalos de CICIG, se vería truncado por la reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad, CC, al enviar un amparo en contra de esta comisión. Mientras los informes de casos fueron entregados al Ministerio Público, MP, la actual fiscal Consuelo Porras se ha mostrado silenciosa en un trabajo desapercibido.

En un juicio de pensar que esta comisión tiene el objetivo de deslegitimar el trabajo realizado por CICIG, cabe mencionar que es una decisión inconstitucional con acciones ilegales, violando el Derecho Internacional de acuerdo a los trece diputados que están en contra de esta decisión. Que ignora la autonomía del Organismo Judicial, OJ y del propio MP, cuyas tareas de investigación sólo han beneficiado a la parte impune.

Tal y como sucedió el 07 de enero pasado, cuando el presidente citó a varios implicados en casos de corrupción en una conferencia de prensa en su defensa. El jueves 03 de octubre se presentó al Salón del Pueblo, del Congreso de la República Silvia Leal hermana y Kira Martínez viuda de Jesús Oliva, ex decano de Medicina de la Universidad de San Carlos, quién se suicidó en la cárcel Mariscal Zabala por depresión, vinculado al caso IGSS-Pisa.

Es un golpe contra la justicia que ofrecía CICIG, la aprobación del Acuerdo Legislativo 2-2019, que dio vida a la comisión investigadora. Y más sorprendente es conocer los cinco nombres que lo integran, entre los cuales encontramos a los legisladores Juan Lau, Luis Álvarez, Manuel Orellana, Luis Hernández y Aníbal Rojas Espino, que han pertenecido a bancadas con sospechas anómalas en casos de corrupción.

En contraparte cabe resaltar el pronunciamiento de los legisladores Amílcar Pop, Jean Briere, Andrea Villagrán, Enrique Álvarez, Sandra Morán, José de la Cruz, Mynor Cappa, Walter López, Leocadio Juracán, Eugenio González, Carlos Chavarría, Eduardo Gómez y Eduardo Castillo, quienes rechazan el funcionamiento de una comisión malversa con intereses propios que afectan la justicia en estado puro.

Mientras el MP en su Fiscalía pidió la suspensión del acuerdo aprobado por el Congreso por la violación a la autonomía, seguridad, independencia y certeza jurídica, cuyo amparo presentado en la CC, reforzó los amparos interpuestos por Acción Ciudadana y el abogado Alfonso Carrillo, que en efecto finalizó con la petición de un informe al Congreso en un plazo de 48 horas.

En otros de los efectos notables cabe mencionar a Diana Benavides, exjefa del departamento Jurídico del MP, quien es señalada de la supuesta participación en la compra de un edificio de zona 5. Según Benavides aseguró que fue obligada en aportar información que involucrara a Thelma Aldana y retirara denuncias en contra de asesores de su despacho. Situación que pone en duda el trabajo de la fiscal Porras.

Estos treinta y un días, tras la salida de CICIG, ha salido a luz la falta de capacidad y la deficiencia de los diferentes entes nacionales que regulan la justicia en Guatemala. Mientras el máximo representante del país muestra su descontento del trabajo de CICIG en la ONU, seguimos siendo testigos de estados de sitio, fallas en libramientos, competencia por la magistratura, localización de avionetas o propuestas de minimizar el uso de plástico. Gastos innecesarios que maquillan la corrupción de los altos poderes y que terminan en el anticuado informe que se presenta cada 14 de enero.