La polémica entre el gobierno a causa de una ONG

La semana pasada el gobierno de Guatemala rechazó un permiso oficial otorgado a Planned Parenthood, una organización internacional de derechos reproductivos, para operar en una nación laica con un alto índice de población conservadora, lo que provocó la renuncia del ministro de gobernación, Oliverio García.

El presidente, el vicepresidente, los partidos políticos y las iglesias cristianas evangélicas del país actuaron rápidamente para condenar un decreto emitido a principios de noviembre que permitió a Planned Parenthood Global, una división del grupo con sede en Estados Unidos, establecerse como un grupo legalmente registrado en el país centroamericano.

El presidente Alejandro Giammattei fue tomado por sorpresa por el decreto y no tenía conocimiento previo ni participación en el mismo, según el secretario de prensa presidencial Francis Masek.

“No fue hasta la publicación de la autorización de la ONG que el presidente se percató del error de autorizar a una organización cuyo objetivo social es atentar contra el derecho a la vida, que, entre otras cosas, el Estado de Guatemala debe salvaguardar”, dijo Masek.

El tercer artículo de la constitución de Guatemala dice que el estado “salvaguarda y protege la vida humana desde la concepción”. El aborto es ilegal en todos los casos, excepto cuando el embarazo pone en peligro la vida, y hay muy poco apoyo público para la legalización del aborto.

“Guatemala es un país muy conservador y un país religioso”, dijo Ada Valenzuela, directora de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas.

En los Estados Unidos, Planned Parenthood es el mayor proveedor de servicios de salud reproductiva, incluido el aborto. Fuera de los EE. UU., Planned Parenthood Global no brinda servicios de salud directos, abortos ni educación sexual. La organización se asocia con grupos en África y América Latina.

La insinuación de aborto o progreso en los derechos reproductivos es inmediatamente anulada en la conservadora Guatemala, según líderes de grupos de derechos de las mujeres.

Entre enero y julio de este año, hubo 2.289 embarazos entre niñas guatemaltecas entre 10 y 14 años, según CIPRODENI , un observatorio sin fines de lucro por los derechos de la niñez. Entre enero y septiembre, 73 niñas fueron asesinadas y cerca de 3.000 fueron sometidas a exámenes médicos por agresión sexual.

La autorización de Guatemala de Planned Parenthood Global, que desde entonces se ha retirado, no surgió de la nada. El decreto se publicó el lunes, pero tiene fecha del 7 de octubre, y una oficina que representa los intereses legales de Guatemala lo firmó antes de eso.

La fecha del 7 de octubre no pasó desapercibida. Los críticos del gobierno han estado especulando que el repentino alboroto fue para desviar la atención de los recientes escándalos de corrupción del gobierno , así como de las protestas de rechazo en el uso indebido por parte del gobierno de los fondos públicos destinados a gestionar la pandemia de coronavirus.

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