La Comisión internacional contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, fue un ente internacional independiente que operó en Guatemala durante doce años. Establecido por un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala en 2007. Comisión que apoyó a las instituciones del estado en investigación y persecución penal, actividad finalizada el pasado tres de septiembre del año 2019.
Durante el trabajo realizado en Guatemala, se encargaron en investigar cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, grupos criminales que han infiltrado las instituciones estatales fomentando la impunidad y afectando logros democráticos alcanzados en Guatemala desde el final del conflicto armado interno en la década de| 1990.
“Fortalecer nuestra capacidad interna de investigación e identificar los quistes del estado que eran herencia del conflicto armado interno”. Comentó Eduardo Stein, exvicepresidente de la república; que motivó el envío de una solicitud de petición a la ONU para crear una comisión que posteriormente se anunciaría su creación el 12 de diciembre de 2006 con dos años de contrato.
El 3 de marzo de 2007 un grupo de diputados presionaron al congreso para que se conociera el tema Cicig. Días posteriores el Congreso consultaría la posible creación de la comisión en la Corte de Constitucionalidad, CC, con estudio del contenido de la iniciativa durante dos meses, logrando un dictamen favorable el 24 de julio. Posteriormente el 2 de agosto ciento diez votos le darían vida a la Comisión en Guatemala, tras medio año de discusiones.
En un sistema de justicia colapsado y con violencia, se asigna a Carlos Castresana como primer comisionado de la institución. En 2008 en conjunto con el Ministerio Público, MP, firmaron un convenio de cooperación bilateral estableciendo parámetros de cooperación interinstitucional para el cumplimiento de la Cicig. El MP a través de un acuerdo de Fiscalía General 26-2008, creó la Fiscalía Especial para la Cicig.
Acuerdo que se modificó en 2013 para crear una Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, que cumple sus funciones hasta en la actualidad, una unidad especializada que concentraría investigaciones, que por decisión del Fiscal General y el Comisionado, se adelantarían en conjunto entre investigadores nacionales e internacionales y fiscales. En ese año se inició con cinco agencias fiscales, en la actualidad cuentan con once incluyendo una ubicada en Quetzaltenango.
En 2008 se destacó la firma de Acuerdo Interinstitucional entre el MP, y el Ministerio de Gobernación para establecer e implementar el sistema de intercepciones telefónicas y otros medios de comunicación. En efecto de la firma se creó una comisión especial integrada por representantes de las tres instituciones, que posteriormente crearía la Unidad de Métodos Especiales en el MP.
En 2009 cuando se produce el caso Rodrigo Rosenberg; Castresana describió que estaban en investigación de los casos Vielman, el caso del ministerio de gobernación de la presidencia de Oscar Berger y la investigación del expresidente Alfonso Portillo. Lo que motivó a mantener las escuchas telefónicas y pruebas científicas para determinar los casos que se llevaban a cabo hasta finalizado su periodo de transición.
En 2010 la junta directiva del congreso se reunió con Francisco Dall’Anese para ser asignado como nuevo comisionado en Cicig, recordando el plazo de mandato de extensión a dos años más por parte del presidente en turno, Álvaro Colom. Se destacó durante ese periodo finalizado en 2013 el programa de protección de testigos, métodos especiales de investigación en sala de escuchas y la dirección de análisis criminal, tres elementos que fortaleció la comisión.
“El ministerio contaba con 15 analistas, hoy cuenta con más 200” resaltó Francisco Solórzano, exdirector de Análisis Criminal del MP, como colaborador en la dirección de análisis criminal para desarticular estructuras de crimen organizado de corrupción que se conocen como, Ciacs. En resolución de casos y entender las formas en que funcionan las estructuras para presentación de los jueces.
En 2012, Cicig y MP, con apoyo del Fondo de Construcción de la Paz de Naciones Unidas, elaboraron el reglamento para la creación de la Dirección de Análisis Criminal del MP, DAC. Al centralizar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos, la DAC identificaría patrones de actuación criminal que conducen a unificar distintos casos cometidos por una misma red delictiva.
En 2014 se determinaría la asignación del nuevo titular Iván Velásquez en una reunión con el presidente en turno, Otto Pérez Molina. “Aportó en construir una investigación proactiva con Velásquez con agendas de investigación” expresó Claudia Paz y Paz ex fiscal general de la república y jefa del ministerio público, en relación a temas de financiamiento electoral ilícito, corrupción del sistema penitenciario y contrabando.
En los momentos claves en la lucha contra la corrupción, el jefe de Feci, Juan Francisco Sandoval resaltó la detención del expresidente Alfonso Portillo por el cargo que desempeñaba y el caso ejecuciones extrajudiciales en Pavón y el Infiernito, donde se demostró en tribunales que era política de estado en una administración gubernamental, apoyada por una sociedad de alto poder económico.
En febrero de 2014 en una reunión sostenida entre el comisionado Velásquez y el presidente Molina, en el tratado de dos años de plazo de la institución, Velásquez pidió la colaboración del presidente durante el desarrollo de intervención de la empresa Puerto Quetzal, con sospecha de un militar al frente como interventor, situación que debía trabajarse con la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Que sería el inicio del caso La Línea.
En los veinte días de asumir el cargo de Fiscal General, Thelma Aldana explicó del conocimiento de su primera intercepción telefónica que resultaría siendo el proceso para conocer la red criminal del tema aduanero en trabajo con la comisión, que posteriormente un año después en una conferencia se determinaría el contrabando y la defraudación al fisco.
El 16 de abril de 2015, Cicig presentaría el caso La Línea en un informe del nivel hasta el secretario privado de la vicepresidenta, Roxana Baldetti. En la conferencia de prensa se presentó el organigrama de la estructura y sus funciones en un clima de inconformidad con el secretario con efecto de la petición de renuncia de la vicepresidenta, con movilizaciones ciudadanas entre el 19 y 20 de abril.
“La indignación que había generado la vicepresidenta con lo del lago de Amatitlán, y en espera de los cuatro procesos” detalló el comisionado Velásquez acerca de los posibles quince años de prisión para Baldetti y la reacción generada en la población en los rostros de la corrupción como lo denomina. Que generaría la privación de libertad del presidente Molina.
El 27 de agosto de ese mismo año a causa del paro nacional en exigencia de la renuncia del presidente, para levantar su inmunidad. La fiscal Aldana posteriormente pediría una orden de captura para el presidente Molina con una remisión del juez en turno para ser enviado a Mariscal Zabala donde renunció el primero de septiembre. Creando confianza ciudadana en la justicia.
“Es importante entre nosotros en las universidades ejercer a las instituciones públicas, la cultura de legalidad y que se convierta en algo cotidiano de práctica” comentó, Luis Ávila, secretario de Actas –AEU-, recordando las jornadas de manifestaciones pacíficas por parte de la sociedad civil durante 2015 y 2017 en advertencia a las autoridades y entidades judiciales nacionales.
En las elecciones de 2015, realizaron investigaciones con resultados de denuncias contra autoridades de partidos políticos que presuntamente incumplieron normas de financiamiento. Entre los que se destacó el partido Patriota, Líder, FCN y Une, que cuatro años más tarde presentaría a la candidata Presidencial a los tribunales.
“Lo que hizo Cicig fue un increíble paso para el país, se hizo de manera pacífica y legal, para sacar un presidente o vicepresidenta, me dio esperanza para el futuro de Guatemala” expresó Luis Von Ahn fundador de Duolingo, que presentó su apoyo en las investigaciones de la comisión internacional.
Durante 2016 MP y Cicig presentaron el caso “Cooptación del Estado” donde se mostró una red criminal en el Estado, que había iniciado con financiamiento ilícito del Partido Patriota, para implicar la devolución ilegal a través de contratos y beneficios en adquisiciones públicas, en áreas productivas y sectores económicos desde pauta publicitaria en medios hasta obras de infraestructura.
En octubre de 2016 Cicig descubrió una estructura criminal formada por miembros de la junta directiva del banco de los trabajadores, Bantrab y sus particulares, quienes se asociaron para saquear el patrimonio de dicha entidad bancaria y enriquecerse a costa de accionistas, entre ellos el estado de Guatemala. En 2018 la justicia ligó a proceso y envió a juicio a seis personas entre ellos exdirectivos del Bantrab.
En julio de 2017, Cicig evidenció una estructura que operó en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda entre 2012 y 2014, en la que autoridades cobraban sobornos a empresas contratistas a cambio de agilizar ilegalmente el pago de deudas contraídas con estas. Entre los imputados encontraron la red de ex funcionarios y relacionados que solicitaban sobornos y empresarios que pagaron a la red.
Un total de veintiocho personas fueron procesadas por el caso construcción y corrupción. Las sentencias existentes en el proceso, a través del procedimiento abreviado, incluyó medidas de reparación por un monto de Q. 35, 828,450.47 “Nuestro trabajo se sostiene apoyando al ministerio público, pero detrás tenemos dos pilares fundamentales, la sociedad civil organizada y los trabajos de los medios de comunicación”. Comentó Matías Ponce ex vocero de Cicig.
“Los medios transmitían las audiencias desde principio hasta el final, cada nuevo caso presentado generaba en la ciudadanía una lucha fuerte y prolongada y volvían a salir mientras nosotros seguíamos presentando los casos” expresó Velásquez en observación como un binomio fundamental para los procesos y la destrucción de instituciones importantes.
En enero de 2018 una investigación de MP y Cicig reveló una red de corrupción en la SAT que se benefició con el cobro de comisiones ilícitas de alrededor de Q. 19 millones, a cambio de agilizar la tramitación de expedientes de devolución de crédito fiscal. En la estructura resalta la participación de exjefes de esa institución en complicidad con funcionarios y particulares.
Con el termino de veintidós personas procesadas en ese caso. En ese mismo mes el MP y Cicig descubrieron una estructura de pago de sobornos a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones y otras personas por la empresa Odebrecht destinados a la adjudicación de contratos. La justicia ligó a proceso a cinco personas.
Por febrero del mismo año se denunció una serie de decisiones de aparente legalidad que buscaban beneficiar a determinadas personas en la implementación del proyecto del sistema de Transporte Urbano, Transurbano, el cual sustrajeron Q. 270 millones del estado guatemalteco. La justicia resolvió ligar a proceso al expresidente Álvaro Colom y a doce integrantes del gabinete de su gobierno.
El 31 de agosto de 2018 se recordará la presencia de vehículos militares frente a la sede de la comisión al medio día que en efecto terminó con la decisión de la retención de visas y pasaportes del personal de Cicig y el cierre de fronteras para impedir la entrada del comisionado Velásquez al ser nombrado ‘Non grato’ por el actual presidente Jimmy Morales en la tarde de ese día en una conferencia acompañado de ministros y militares.
El 07 de enero de 2019 en el retorno de labores del personal de Cicig después de vacaciones de fin de año, el gobierno retuvo a Yilen Zuluga trabajador de la comisión, en el aeropuerto la Aurora, que luego ingresaría al país por orden de la CC. Mientras ese día la canciller Sandra Jovel se presentaba en una conferencia desde Nueva York y el presidente Morales realizaba una conferencia acompañado con los implicados en los casos investigados por la comisión, con el fin de expulsar a Cicig del país.
Los días martes 20 y miércoles 21 de agosto, Cicig realizó un informe final de cierre con presencia de público abierto donde presentaron los casos e investigaciones durante sus doce años de gestión con diferentes temáticas. “Nosotros logramos cumplir con nuestro mandato y podemos decir a la ciudadanía en Guatemala que estamos entregando un mejor país” expresó Velásquez en un video presentación al final del programa.
Días más tarde, el 29 de agosto para el final del cumplimiento de agenda programada en cierre de actividades, Cicig entregó más de sesenta investigaciones hacia el MP, entre los que se destaca Comisiones Paralelas II, Espionaje y escuchas telefónicas ilegales en la compañía Tigo Acisclo Valladares, Posibles hechos de corrupción en la Usac en relación a Carlos Gálvez y Murphy Paiz y el caso Municipalidad de Nebaj, Quiché.
Finalmente el 03 de septiembre, último día de finalizado el mandato de Cicig, en las redes sociales de la comisión se presentó un video de agradecimiento y despedida por parte del portavoz Ponce, donde agradeció en nombre de la comisión el apoyo de los funcionarios, personal del MP, agentes del sistema de justicia, miembros de cooperación internacional, colegas de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación independientes.
“Agradecemos a toda la ciudadanía guatemalteca por su apoyo durante estos doce años. Hemos dado lo mejor en el combate contra la corrupción e impunidad, a todas y todos, muchas gracias.” concluyó Ponce en su agradecimiento, detallando que a partir del presente las redes sociales y sitio web de Cicig pasaron a ser un formato de archivo.
Después de la salida de comisión internacional, el pasado martes 24 de septiembre el Congreso presentó una iniciativa para establecer una comisión que investigue la actuación de Cicig durante su mandato, en una iniciativa con 82 votos a favor, seis en contra y 70 ausentes del parlamento. Entre los objetivos de los diputados a favor es determinar si se cometió ilegalidades en los procesos realizados.
